Informe de derechos humanos 2006

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Introducción

En 2006 Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP), ubicado en Barrancabermeja, Santander, principal ciudad de la región del Magdalena Medio, continuó haciendo una presencia permanente en la Ciénaga del Opón con un grupo de comunidades desplazadas que retornaron a sus hogares en 2001. Debido a su ubicación estratégica, próxima a cinco departamentos, el trabajo de ECAP también incluyo participación en comisiones de verificación a varias comunidades rurales. Estas comisiones, que documentaron infracciones a los derechos humanos, fueron compuestas de representantes de organizaciones de derechos humanos, abogados de derechos humanos, funcionarios de varias agencias de las Naciones Unidas y de gobiernos municipales. Además, ECAP envió equipos móviles a otras regiones del país respondiendo a solicitudes puntuales de varias comunidades.

ECAP tomó parte en reuniones con organizaciones e instituciones gubernamentales, con ONG nacionales e internacionales, con autoridades civiles y militares y con representantes diplomáticos en Colombia. En el nivel internacional, ECAP mantuvo un intercambio de experiencias y análisis del contexto colombiano con coaliciones colombianas de solidaridad tales como el Americas Policy Group (Canadá) y el Latin America Working Group (EEUU), así como con iglesias e iniciativas ecuménicas para Colombia. El trabajo de ECAP en Colombia nos ha llevado a informar sobre las infracciones de derechos humanos que presenciamos. A continuación presentamos un resumen de estas infracciones en el ano 2006.

Además de Barrancabermeja y sus alrededores, ECAP visitó diversas regiones de Colombia: Montes de Maria (Sucre, Bolívar), Nariño (Ricaurte Y Barbacoas), Bolívar (San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Morales, Arenal, Río Viejo, Regidor, Barranco de Loba, Tiquisio, y Montecristo), Santander (Landázuri), y Antioquia (Remedios). Las comunidades y las organizaciones sociales en todas estas regiones vieron, en gran parte, la desmovilización de los grupos paramilitares que avanzaron en 2006, como un fracaso. Oímos y presenciamos infracciones de protecciones legales de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por grupos paramilitares, por las FARC, por el ELN, y por varias ramas del Ejército colombiano. La experiencia de ECAP destacó la continuada actuación de grupos paramilitares, algunos en el anonimato y otros identificados con nuevos nombres, incluyendo la creación de Las Águilas o Águilas Negras en febrero y La Mano Negra en abril. Estos grupos reclutaron paramilitares desmovilizados y retomaron sus anteriores actividades, amenazando líderes de movimientos sociales y de organizaciones de derechos humanos, cometiendo asesinatos selectivos y promoviendo la "limpieza social" en Barrancabermeja. Ex-paramilitares también comenzaron a trabajar como "guardias de seguridad" privados, cobrando "impuestos" por este "trabajo". Además, el cártel de gasolina continuó sus operaciones en la Ciénaga del Opón con acompañamiento armado.

Informe

Estadísticas

ECAP es acompañante del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, una coalición de organizaciones de derechos humanos, en Barrancabermeja. Esta coalición entrego las siguientes estadísticas para el 2006:

1. Más de ochenta y siete homicidios han sido cometidos en la región; setenta y uno de estos ocurrido en Barrancabermeja.

2. Sesenta y siete de estos homicidios fueron cometidos con fusiles.

3. Más de 270 familias (o 980 personas) ha sido forzado a desplazar de Barrancabermeja debido a la violencia o amenazas.

4. Los habitantes registraron más de 120 quejas por amenazas con el Defensor del pueblo Regional de Derechos humanos.

Acontecimientos

ECAP o presenció o escuchó testimonio de primera mano sobre los incidentes siguientes:

SANTANDER

Marzo 3, Barrancabermeja. La Asociación de Desplazados del Municipio de Barrancabermeja (ASODESAMUBA) [1] y la Organización Femenina Popular (OFP) denunciaron persecuciones contra sus miembros por grupos paramilitares reorganizados.

Marzo 24, Barrancabermeja. Una persona desconocida le disparó a Henry Murillo en repetidas ocasiones mientras él participaba en un taller para maestros. Henry sobrevivió, pero quedó paralizado de la cintura hacia abajo. Con toda su familia, se desplazó de su hogar como resultado del atentado contra su vida.

Junio, Barrancabermeja. La "Mano Negra" convirtió en blanco a personas que se identifican como lesbianas, homosexuales, trans-género o bisexuales (LGTB) y a jóvenes y personas que utilizan drogas. Un activista de un grupo LGTB compartió con ECAP que dos personas asesinadas en junio eran parte de esta comunidad y que otros fueron forzados a desplazarse.

Agosto 17-21, Miralindo, Landázuri. Los líderes de la comunidad hablaron de amenazas de muerte recibidos por ellos y sus familias, basadas en rumores que ellos habían firmado un documento solicitando a la oficina del presidente que se erradique la coca en el área.

Agosto 5, Barrancabermeja. Paramilitares secuestraron, torturaron y amenazaron de muerte a Vilma Cecilia SALGADO BENAVIDES, miembro de ASODESAMUBA1, durante tres días. Después de liberarla, ellos continuaron amenazándola vía telefónica hasta que ella se desplazó de la ciudad.

Corregimiento Ciénaga Opón, Barrancabermeja. En el transcurso del año, el equipo de ECAP observó la actividad de tres grupos armados en la región-el ejército colombiano[2], la guerrilla (FARC)[3] y paramilitares[4]. El ejército colombiano realizó patrullas intrusivas, donde los soldados ocuparon hogares y patios de la población civil, robaron sus bienes, utilizaron sus cocinas y cortaron las cercas entre pastos (abril). El cártel de gasolina estuvo presente en las comunidades durante todo el año con acompañamiento paramilitar. El mismo grupo armó retenes ilegales donde pararon y requisaron la canoa de la comunidad. Las FARC también mantuvo una presencia todo el año y presionó a los pobladores por alimentos y otras formas de colaboración.

Junio 27, La Colorada y La Florida, Ciénaga del Opón, Barrancabermeja. Paramilitares armados asesinaron a Orlando Manuel Navarro, mientras él trabajaba en su parcela. Este asesinato, junto con amenazas crecientes contra otros miembros de la comunidad, llevó al desplazamiento temporal de cuatro familias y el desplazamiento permanente de otra.

Diciembre 24, Los Ñeques, del de Ciénaga Opón, Barrancabermeja. Miembros del Batallón Calibío retuvieron a dos jóvenes de la comunidad, los presionaron para usar su canoa, y los acosaron para obtener información sobre la ubicación de la guerrilla en la zona. Los soldados sacaron fotografías de ellos y tomaron las huellas dactilares de un joven de doce años.

BOLIVAR

Febrero 18, Micoahumado, las Morales. Mientras se movilizaron en un carro de la Unión Europea hacía Micoahumado, miembros de ECAP fueron detenidos por un grupo no identificado de paramilitares. Los hombres armados pidieron dinero a cambio de su uso del camino.

Mayo 18. Pueblito Mejía, Barranco de Loba. Pobladores informaron que algunos paramilitares desmovilizados continuaron cometiendo crímenes junto con paramilitares activos. Un grupo de paramilitares desmovilizados y activos secuestró a cuatro miembros de la comunidad. Debido a la fuerte respuesta de la comunidad a este acto, el grupo liberó a los cuatro. Los paramilitares amenazaron a las comunidades con violencia si ellos continuaban pediendo apoyo y protección de parte de organizaciones nacionales e internacionales y de instituciones gubernamentales. El equipo ECAP visitó uno de varias fosas comunes cavadas por los paramilitares. A pesar de la presencia del representante del gobierno y de un miembro de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) en esta comisión, las fosas comunes aún no han sido excavadas.

Junio 7-17, Micoahumado, Morales. Soldados del Batallón de Artillería de Defensa Aérea No.2 "Nueva Granada" - V Brigada (BAGRA) se alojaron en las escuelas, robaron pasta de coca y acusaron a pobladores de ser guerrilleros.

Agosto 9-10, Olivares, Río Viejo. Pobladores informaron sobre una serie de amenazas, desplazamientos forzados, y de casas quemadas en el área. Integrantes de ECAP vieron las casas quemadas y amenazas de muerte escritas con carbón en las paredes. No hay claridad de cual es grupo responsable.

Agosto 26, Honda Alta, Corcovado, las Morales. Soldados del BAGRA mataron a dos combatientes de la guerrillera no armados y sin uniforme. Mataron a uno cuando él huía y ejecutaron al otro después de que él se había rendido. Además, los soldados hirieron a un niño en su pierna, cuando ellos dispararon indiscriminadamente hacía la comunidad. Como ambos homicidios ocurrieron fuera de combate, los actos constituyen infracciones de Derecho Internacional Humanitario, como también lo hace el disparar hacia la población civil.

Septiembre 19, Mina Gallo, Santa Rosa. Soldados del BAGRA asesinaron al líder de comunidad Alejandro Uribe. En respuesta al asesinato, 1300 mineros de dieciséis comunidades, sus familias y otros residentes se reunieron en la alcaldía municipal de Santa Rosa. Ellos demandaron que el gobierno investigue la muerte de Uribe y responda a una serie de abusos militares contra la población civil en el área. Las autoridades se negaron a honorar la solicitud de parte de la comunidad que personal militar no estén presente, de modo que los dos grupos no se reunieron. Los pobladores informaron a ECAP que miembros del Batallón de BAGRA los amenazaron: "Este no será el único muerto que van a tener, habrán más líderes muertos".

Diciembre 3, Corcovado, Morales. ECAP documentó daños a cultivos lícitos, causados por la fumigación aérea para erradicar siembras de coca. Pobladores informaron a ECAP sobre un olor terrible durante las fumigaciones y contaron que muchas personas se enfermaron en los días subsecuentes con dolores de cabeza, problemas estomacales y "gripe".

ANTIOQUIA

Abril 3-11, Lejanías, Remedios. Pobladores testificaron durante una asamblea. Su testimonio incluyó setenta denuncias contra personas previamente identificadas como paramilitares supuestamente "desmovilizados". Veinticinco familias habían recibido amenazas de muerte y por lo menos dos asesinatos habían ocurrido y una persona había sido desaparecida. Además, personas habían sido detenidos arbitrariamente; frecuentemente fueron encapuchados y torturados.

SUCRE Y BOLIVAR

Febrero 24-28, Montes de Maria. ECAP presenció la situación de varias familias desplazadas por grupos armados.

Julio 21-26, Montes de Maria. Comunidades rurales se quejaron de los bloqueos del ejército[5] en los caminos, que limita la libre movilización y el transporte de alimento y suministros médicos. También denunciaron detenciones masivas y arbitrarias de pobladores sin acatar los procesos legales debidos, la fumigación de palos de aguacate, principal producto agrícola de la región, y la falta de servicios básicos tales como luz, agua potable, puestos de salud, escuelas y reparación de caminos. Los funcionarios cívicos y militares negaron las alegaciones.

NARIÑO

Junio y julio, Áreas rurales de Ricaurte. ECAP recibió testimonios de las comunidades que se habían desplazado como resultado de bombardeos indiscriminados del ejército, inclusive contra una escuela.

Noviembre 27, Ricaurte. ECAP se enteró de fumigaciones en el área y enfermedades sufridas por miembros de la Comunidad Awá desde que comenzaron las fumigaciones. La enfermera allí describió defectos congénitos, sarpullidos serios de piel, problemas respiratorios, diarrea, y otros síntomas.

Diciembre 10, Altaquer. El ejército[6] ejecutó a un joven que ya estaba en su custodia. Diez minutos antes que lo mataron, el testigo ocular lo vio vestido con una camiseta blanca y jeans y desarmado. Un artículo en la edición del 17 de diciembre de "El Diario del Sur" informó que el sujeto fue muerto en combate armado.

Diciembre 15 y 17, Altaquer, Ricaurte. Un líder de la Comunidad de los Awá contó a ECAP que ella estaba tensa y temía por su vida a causa de amenazas. Su nombre fue el sexto en la lista de muerte de una masacre del 9 de agosto. ECAP visitó el sitio de la masacre. Las cinco víctimas fueron tomadas de sus hogares y ejecutadas en un solo lugar al mismo tiempo. El ejército tenía presencia a una distancia de menos de 500 metros.[7]

[1] Asociación de Desplazados del Municipio de Barrancabermeja

[2] Batallón Plan Energético y Vial No. 7 "Rodrigo Antonio Arango Quintero" - (V Brigada) y Batallón de Ingenieros No 14 "Batalla de Calibío" (XIV Brigada)

[3] Compañía "Rafael Rangel", Frente 24, Bloque Magdalena Medio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

[4] Grupos paramilitares sin identificación específica

[5] Segunda Brigada del Ejercito, Fuerza Naval del Caribe -Primera Brigada de Infantería de Marina-, Policía de Sucre

[6] Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 Gr. José Maria Cabal. Brigada No. 29 de Tercera División del Ejército de Colombia

[7] Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 Gr. José Maria Cabal. Brigada No. 29 de Tercera División del Ejército de Colombia

Informe de derechos humanos 2007

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Introducción

En el 2007, el Proyecto en Colombia de los Equipos Cristianos de Acción por la Paz -ECAP- (Christian Peacemaker Teams, CPT), con base en Barrancabermeja (Santander), ciudad principal de la región del Magdalena Medio; continuó su presencia permanente en la Ciénaga del Opón, con las comunidades desplazadas que retornaron a sus hogares en el 2001. ECAP también mantuvo un acompañamiento de largo plazo con la comunidad del corregimiento de Micoahumado, municipio de Morales, departamento de Bolívar. La Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL) y las comunidades que integran esta organización, llegaron a ser un nuevo enfoque de acompañamiento, aumentando la presencia de ECAP en los municipios de Santa Rosa del Sur y Tiquisio, Bolívar. A través de su participación en comisiones de verificación, ECAP ayudó a documentar infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones de los derechos humanos en comunidades rurales del Magdalena Medio. Este trabajo se hizo junto a organizaciones regionales de derechos humanos, abogados, funcionarios de varias agencias de las Naciones Unidas y representantes del gobierno local, departamental y nacional. Adicionalmente, en respuesta a varias invitaciones del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte -CAMAWARI-, dos equipos móviles de ECAP acompañaron al pueblo indígena Awá del municipio de Ricaurte, departamento de Nariño.

Paralelo al acompañamiento de comunidades rurales, ECAP colaboró estrechamente con otras organizaciones para promover el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario por medio de la incidencia política. En Barrancabermeja, ECAP es integrante del Espacio de Trabajadoras y Trabajadores de los Derechos Humanos, una coalición regional de organizaciones sociales, eclesiales y de derechos humanos. A nivel nacional, el equipo participó en reuniones con organizaciones e instituciones gubernamentales, con ONG nacionales e internacionales, con autoridades civiles y militares, y con representantes diplomáticos en Colombia. Internacionalmente, ECAP Colombia compartió su experiencia y análisis con coaliciones de solidaridad con Colombia tales como el Americas Policy Group (APG) en Canadá y el Latin America Working Group (LAWG) en EEUU, así como con iglesias e iniciativas ecuménicas relacionadas con Colombia.

ECAP visitó los siguientes departamentos y municipios de Colombia durante el 2007: Antioquia (Yondó y Remedios), Bolívar (Arenal, Cantagallo, Morales, Regidor, Río Viejo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y Tiquisio), César (La Gloria), Nariño (Ricaurte, Pasto, Cumbal e Ipiales) y Santander (Barrancabermeja).

En la región del Magdalena Medio, ECAP presenció infracciones al Principio de Distinción por parte de todos los actores armados. El Principio de Distinción es fundamental dentro del Derecho Internacional Humanitario y se refiere al respeto que los actores armados deben tener frente a la población que no ha participado en hostilidades y las medidas que deben tomar para asegurar que esta población no sea afectada por los combates o acciones propias de la guerra[1].

Concluido el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que operaban en la región, persistieron las amenazas y los daños de parte de paramilitares desmovilizados y activos contra la población civil. Los paramilitares actuaron a veces sin identificación y en otras ocasiones utilizando nombres como: Águilas Negras; Bloque Central de Bolívar de las Águilas Negras; Autodefensas Unidas de Colombia-Bloque Central Bolívar (AUC-BCB); y La Mano Negra. El Batallón Fluvial de Infantería de Marina y cuatro batallones del Ejército: el Batallón de Artillería Defensa Aérea no. 2 "Nueva Granada" (Nueva Granada), el Batallón Especial Energético y Vial No. 7 "Rodrigo Antonio Arango Quintero" (BAEEV7), el Batallón de Infantería No. 4 "Antonio Nariño" (Nariño), y el Batallón Ingenieros No. 14 "Batalla De Calibío" (Calibío); utilizaron espacios civiles repetida y excesivamente, elevando aún más los riesgos que corre la población civil. Adicionalmente, la práctica de utilizar información sin verificar como base de informes de inteligencia es preocupante, porque a base de tales informes se autorizan detenciones. Dos grupos guerrilleros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), continuaron operando y haciendo presencia en los espacios de los civiles en la región.

En Nariño, hubo fuertes combates entre el Batallón José María Cabal y las FARC durante el transcurso del año. El Batallón Cabal bombardeó áreas rurales de Ricaurte, acción que causó desplazamientos masivos. Las FARC y otros grupos armados continúan utilizado minas antipersona y asesinando selectivamente para intimidar a la población civil. Hay un número creciente de civiles desplazados que buscan refugio en otras zonas rurales y las áreas urbanas de Ricaurte, esta población sigue viviendo bajo el riesgo de sufrir más violencia y padecer un segundo desplazamiento.

La población con más riesgo debido al conflicto armado en Colombia está mayoritariamente compuesta por afrodescendientes, indígenas, mujeres y niños. Los abusos citados en este informe demuestran este patrón en el Magdalena Medio, donde los afrodescendientes colombianos son aproximadamente el 75% de la población. En Ricaurte, la población indígena constituye el 80% de la población total y habita principalmente las áreas rurales, donde ocurrieron la mayoría de las violaciones a los DDHH e infracciones al DIH relatadas en este informe. Tanto en Nariño como en el Magdalena Medio, la violencia física y sexual contra la población femenina e infantil es recurrente. La violencia ejercida contra las mujeres, la niñez, la población indígena y afrodescendientes colombianos no tiene reconocimiento ni seguimiento dentro de los procesos formales de documentación de la violencia que sufre la población civil como consecuencia del conflicto armado. Generalmente, esta violencia es invisibilizada por la violencia generalizada del conflicto armado.

El trabajo y la experiencia de ECAP en Colombia nos ha motivado a informar sobre las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las violaciones a los Derechos Humanos que presenciamos. A continuación presentamos el resumen correspondiente al año 2007.

INFORME

Estadísticas

En la siguiente tabla se reproducen las estadísticas de la violencia sufrida por la población civil como consecuencia del conflicto armado durante los primeros ocho meses del 2007[2].

Tabla 1. Acciones contra la población civil en el marco del conflicto armado en Magdalena Medio, enero - agosto de 2007

Fuente: Base de datos de violencia política, OPI.

* Bajo estas categorías se registra el número de eventos y no de victimas.

Acontecimientos

ECAP presenció o recibió testimonios de primera mano sobre los siguientes incidentes:

SANTANDER

Corregimiento Ciénaga del Opón, Barrancabermeja. Durante el 2007, ECAP observó las actividades de tres grupos armados en la región: el ejército colombiano, la guerrilla y los paramilitares. El ejército colombiano realizó patrullas en las que los soldados ocuparon las casas y los patios de los civiles, robaron pertenencias a particulares, utilizaron las cocinas y cortaron las cercas que dividen las propiedades. Reconocidos paramilitares realizaron actividades con el cártel de la gasolina, una organización criminal que hurta gasolina del oleoducto que pasa cerca de la Ciénaga de Opón. Este cártel comenzó a almacenar y transportar la gasolina en grandes bolsas plásticas cubiertas por el tipo de costal en el que se empaca comida para alimentar animales, estas bolsas flotan sobre el río y representan una disminución en los costos, ya que antes se utilizaban canecas que tenían que ser transportadas en canoas, y una grave amenaza para el medio ambiente, pues las bolsas podrían reventarse contaminando el río. Adicionalmente, los paramilitares detuvieron, revisaron y cobraron impuestos por el transporte de productos a la canoa motorizada de la comunidad. La guerrilla de las FARC mantuvo una presencia en el área durante todo el año y presionó a miembros de la comunidad para que les colaboraran de diferentes formas, por ejemplo comprándoles alimentos.

Enero 31, La Colorada, Ciénaga del Opón, Barrancabermeja: Soldados del Batallón Fluvial de Infantería bajo el mando del Sargento Alemán ocuparon una vivienda civil. (Infracción al principio de distinción)

Febrero, Ciénaga del Opón, Barrancabermeja: Tropas del Batallón BAEEV7 ocuparon varias casas de civiles y dañaron una casa con un disparo. (Infracción al principio de distinción)

Marzo 16, Los Ñeques y La Florida, Ciénaga del Opón, Barrancabermeja: Paramilitares que se identificaron como miembros del AUC-BCB, un grupo oficialmente desmovilizado, patrullaron por las dos comunidades y ocuparon unas casas de civiles. Miembros del Batallón BAEEV 7 patrullaron dentro de este grupo ilegal. (Infracción al principio de distinción)

Marzo 31, Ciénaga del Opón, Barrancabermeja: Siete hombres llegaron a la finca "Campo Alegre", cuatro de ellos estaban armados y vestían uniformes de una compañía de seguridad privada llamada "Aeroparque", éstos se identificaron como guardaespaldas. Una de las tres personas desarmadas, se presentó como el hijo del propietario de la finca, y otro como el abogado del dueño. El grupo destruyó la casa de un habitante utilizando motosierras, también hicieron trizas unos troncos almacenados por los residentes, arruinando su valor comercial. Los hombres dijeron que esta vez habían venido "en paz", pero que la próxima vez no iba a ser así. (Amenaza, destrucción de propiedad civil)

Mayo 24, 4:00 a.m., Barrancabermeja: Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) realizaron un operativo de desalojo contra un grupo de personas desplazadas que recientemente se habían asentado en un terreno municipal. Los desplazados reclamaban el terreno para albergarse. El ESMAD lanzó gases lacrimógenos sobre la población desplazada que estaba sentada cantando pacíficamente. El gas afectó a un bebé de dos meses en una casa cercana. Un joven tuvo convulsiones debido al gas y a los golpes que recibió de un policía miembro del ESMAD. El bebé y el joven requirieron hospitalización. (Uso excesivo de fuerza)

Julio 16, Ciénaga del Opón, Barrancabermeja: Soldados del Batallón Fluvial de Infantería de Marina se metieron en una celebración de la comunidad. Los soldados estaban de servicio, vestían camuflados y portaban armas (Infracción al principio de distinción)

Agosto 1, Barrancabermeja: El Bloque Central de las Águilas Negras de Colombia envió una amenaza vía correo electrónico con el título "Advertencia" a la Organización Femenina Popular (OFP) y al Comité Regional de Derechos Humanos (CREDHOS). La amenaza decía, "AGUILAS NEGRAS DE COLOMBIA, POR NUESTRO PAIS / Organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, líderes políticos y defensores de derechos humanos... La decisión de nuestra anterior reunión de bloque es nombrar como objetivo militar en nuestras áreas de influencia a un grupo de personas y organizaciones que de una u otra forma sabemos que pertenecen a grupos de extrema izquierda... Por tal motivo advertimos a organizaciones como: USO, OFP, Asodesamuba, Andas, PDA, ACVC, entre otras que daremos a conocer pronto. Y personas como Socorro, David Ravelo, Gamboa, Mario, Claudia Lines, Kike, Imat Adala, Lilia, Willian, Johan, entre muchas más personas que en nuestro próximo comunicado daremos a conocer... por lo cual les advertimos dejar o retirase de inmediato de sus actividades izquierdistas o bien llamada proselitismo guerrillero, de lo contrario entraremos a actuar de inmediato." (Amenaza)

Noviembre 4, Barrancabermeja: Dos hombres armados y encapuchados entraron forzadamente al apartamento de YOLANDA BECERRA, presidenta de la Organización Popular Femenina. Los sujetos saquearon el apartamento, empujaron a Becerra, le apuntaron con un fusil a la cabeza y amenazaron asesinar a ella y a su familia si no se desplazaban de la ciudad en 48 horas. (Infracción al principio de distinción, Violación de domicilio, Amenaza)

ANTIOQUIA

Enero 24, San Francisco, Yondó: Soldados bajo el mando del Sargento Rubén Ruiz del Batallón Nueva Granada, construyeron trincheras a menos de dos metros de distancia de viviendas de la población civil. (Infracción al principio de distinción)

Marzo 25, Ojos Claros, Remedios: Soldados del Batallón Calibío pidieron a dos jóvenes de 16 y 21 años de edad que se encontraban cortando madera, que les transportaran al otro lado del Río Tamar en su canoa. Al llegar al otro lado, los soldados los separaron y comenzaran a interrogarlos individualmente. Siete soldados llevaron al joven de 16 años por un sendero, se pusieron guantes de hule y le dijeron que lo iban a matar. Éste logró escapar y atravesar el río nadando. Posteriormente, apareció el cuerpo sin vida del otro joven, de nombre Carlos Mario García. Vestía camuflado, tenía un rifle y municiones. Carlos fue presentado por el Batallón como un guerrillero muerto en combate. Esta situación provocó el desplazamiento de la comunidad a otra área de la región. Este tipo de desplazamiento, no es reconocido como tal por el Estado, y por lo tanto, no les concede los beneficios correspondientes. (Ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado)

Mayo 9, Yondó: En la plaza de Yondó, un paramilitar desmovilizado conocido como "Arturo" abordó a un joven que meses atrás había asistido a una reunión de víctimas de crímenes de estado en Barrancabermeja. "Arturo" le dijo, "Sabemos quienes son todos que asistieron la reunión; tenemos una lista de Ramón Isaza [líder paramilitar desmovilizado] de las personas a quienes vamos a desaparecer". (Amenaza)

Mayo 28, San Francisco, Yondó: Soldados del Batallón Nueva Granada construyeron barricadas con bolsas de arena alrededor de viviendas civiles. En las barricadas guardaron equipaje y material militar, y utilizaron las viviendas civiles como postes de guardia. (Infracción al principio de distinción)

BOLÍVAR

Diciembre 8, 2006 (testimonio recibido en mayo de 2007), La Posa, Cantagallo: Tropas del ejército detuvieron a una mujer dentro de su propia casa durante varias horas. La acusaron de ser guerrillera y no le permitieron tomar agua. La llevaron entonces a otra casa, a una distancia de 300 metros, donde se encontraba un desertor de la guerrilla. "Me dijeron cosas terribles," ella informó. Luego las tropas la liberaron. (Detención arbitraria, Tratamiento inhumano, Amenaza)

Enero 6, 2007, El Diamante, Paraíso, Simití: Paramilitares robaron 13 cabezas de ganado a la comunidad. (Robo)

Marzo 10, Mina Caribe, Santa Rosa del Sur: Un grupo de soldados bajo el mando del Sargento Segundo Vargas del Batallón Nueva Granada, entró al pueblo mientras la comunidad se encontraba en una Asamblea. Un civil vestido en uniforme del ejército y portando un arma patrulló junto con los soldados e indicó a ciertos individuos quienes luego fueron interrogados por oficiales del ejército. Los soldados salieron, pero solamente después que un superior del batallón se lo ordenara al sargento, como consecuencia de una llamada telefónica del Defensor del Pueblo del área. Además de constituir una infracción al Derecho Internacional Humanitario, esta ocupación de espacio civil también violó un acuerdo firmado el 30 de octubre de 2006 entre el gobierno y la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. (Infracción del principio de distinción, uso de informantes civiles ilegales en una patrulla militar)

Abril 14-15, La Posa, Cantagallo: Tropas del Batallón Calibío rompieron las puertas del centro comunitario, rompieron sus cerraduras y saquearon el centro. (Destrucción de propiedad civil)

Abril 26, Santa Rosa del Sur: Tropas del Batallón Nueva Granada detuvieron a Teófilo Acuña, Presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. La orden de detención no contaba con la firma de un fiscal, se basó en un informe de inteligencia militar que contenía información no verificada proporcionada por unos guerrilleros desmovilizados. Acuña fue liberado 10 días después, cuando la orden fue revocada por el juez que revisó el caso. (Detención arbitraria)

Fines de abril y mayo, La Posa, Cantagallo: Un escuadrón de 300 soldados, junto con dos desmovilizados de la guerrilla entró a la vereda. Los soldados ocultaron sus insignias de identificación, tanto las personales como las de su batallón, pero probablemente pertenecen al Batallón Calibío ó al Batallón Nueva Granada, los dos batallones que tienen jurisdicción en la zona. Los soldados dijeron que ellos provenían de Bucaramanga y pronunciaron las siguientes amenazas:

• A tres o cuatro personas que ellos habían nombrado: "Es mejor que se vayan, les decimos como amigos". Una familia se desplazó a consecuencia de esta amenaza; otras afirmaron que les causó temor.
• De varios soldados: "No deben tener miedo de nosotros, sino de los que viene atrás (las Águilas negras)"
• De otros soldados: "No crean estas historias acerca de las ‘Aguilas Negras'; somos nosotros las ‘Aguilas Negras'."
• De uno de los guerrilleros desmovilizados a un residente: "No ande solo que anda entre los leones, yo sé porque le digo esto".

(Amenazas, Desplazamiento Forzado, Patrulla sin identificación clara, Uso de informantes ilegales)

Mayo 3-5, La Posa, Cantagallo: Soldados del Batallón Calibío ocuparon una vivienda civil y no permitieron que la mujer de la casa cocinara durante todo el día. (Infracción al principio de distinción)

Mayo 9, Mina Proyecto, Arenal: Soldados bajo el mando del Sargento Reyes del Batallón Nueva Granada, pararon a un miembro de la comunidad de Mina Proyecto y le prohibieron salir de la comunidad. (Detención arbitraria, Restricción del libre movimiento)

Mayo 29, Micoahumado, Morales: Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, minaron el camino entre Micoahumado y la vereda La Guásima. Esta acción, además de ser una infracción al DIH, violó los acuerdos que este grupo firmó con la comunidad en el 2005. (Violación del principio de distinción, Uso de armas no convencionales)

Junio, La Guásima, Micoahumado, Morales: Soldados del Batallón Nueva Granada llegaron al hogar de una madre joven, la golpearon y la amenazaron con quemar a su bebé de 8 meses de edad. (Violación del principio de distinción, Uso innecesario de la fuerza, Amenaza)

Junio, La Garita, Arenal: Un residente de la zona informó que un guerrillero desmovilizado le había dicho que tropas del Batallón Nariño lo iban a detener. El residente denunció que el testimonio en su contra no tuvo fundamento y fue proporcionado por un guerrillero desmovilizado como manera de ganar la simpatía del ejército. El residente dijo que él temía salir de su hogar. (Amenaza)

Mediados de junio, Progreso Alto, Micoahumado, Morales: Soldados del Batallón Nueva Granada les pidieron a los conductores de tres camiones que les transportaran del Progreso Alto a Micoahumado. (Violación del principio de distinción)

Junio 22, La Plaza, Micoahumado, Morales: Bajo el mando del Sargento Monsate, soldados uniformados y fuertemente armados ocuparon casas y acamparon en el cementerio de la comunidad, que queda a menos de 100 metros de las viviendas civiles. No obstante las peticiones de ECAP y de los líderes locales, los soldados no salieron de la comunidad. Además, los soldados exigieron a un residente de la comunidad que les proporcionara gasolina, cuando éste se negó, obligaron a otro hombre a recoger en su vehículo privado los suministros de la tropa. El 24 de junio, los soldados reubicaron su campamento al otro lado de la comunidad, rodeando una vivienda civil. (Infracción al principio de distinción)

Julio 6, La Plaza, Micoahumado, Morales: Durante la noche, el ELN atacó la tropa del Batallón Nueva Granada acampada alrededor de una casa civil, donde residían cinco personas, tres de ellas menores de edad. Durante el enfrentamiento, que duró varias horas, numerosas balas atravesaron la casa y varias bombas estallaron alrededor de ésta. Ninguno de los residentes sufrió heridas físicas, pero las balas causaron daños a sus pertenencias y a la casa (Infracción al principio de distinción).

Julio 25, Puerto Coca, Tiquisio: Soldados del Batallón Nariño ocuparon hogares. (Infracción al principio de distinción)

Julio 26, La Plaza, Micoahumado, Morales: Por lo menos 30 guerrilleros del ELN, armados y uniformados, ocuparon espacios de la población civil, incluyendo viviendas civiles. (Infracción al principio de distinción)

Septiembre 18, Torero (La Punta), Santa Rosa del Sur: En el camino que comunica a Santa Rosa con La Punta, tres guerrilleros, fuertemente armados y uniformados, establecieron un retén. Más tarde, en La Punta, un grupo de guerrilleros del ELN no permitió que nadie saliera del área durante una hora. (Retén ilegal)

Junio - diciembre, Garzal y Nueva Esperanza, Simití: Empleados de la familia Barreto llegaron a las veredas para quitar las tierras a residentes que las han cultivado por décadas y las tienen legalmente tituladas. La familia Barreto obtuvo títulos de las tierras mediante procedimientos irregulares en el municipio. Los empleados están trabajando la tierra y ahora ocupan, entre otros lugares, la escuela de Nueva Esperanza. Un miembro de la familia Barreto ingresó a las comunidades acompañado de reconocidos paramilitares activos. (Amenaza implícita, Apropiación de tierras)

Noviembre 29, Tiquisio, Bolívar: Tropas del Batallón Nariño acamparon en el casco urbano del corregimiento de Puerto Coca y vieron la televisión en una vivienda civil. Tropas del mismo batallón permanecieron todo el año en un fortín de carácter permanente que está ubicado en una colina en medio del pueblo de Tiquisio Nuevo. (Infracción al principio de distinción)

CESAR

Febrero 15, La Gloria: Tres miembros de las Águilas Negras (paramilitares) obligaron a dos motoristas (de canoa) a trasportarlos en el río. Al llegar a un lugar sin especificar, los paramilitares permitieron volver a uno de los motoristas, el otro fue obligado a llevarlos a un afluente, donde se encontraron con el ejército. Los dos grupos se dispararon y el ejército mató a los tres miembros de las Águilas Negras y al motorista civil. (Infracción al principio de distinción)

NARIÑO

Marzo 21, Pasto, Ricaurte y Tumaco: Un grupo paramilitar denominado "Nueva Generación" envió una amenaza vía correo electrónico al Comité Permanente de Derechos humanos, la Corporación AVRE, el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI), la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), La Fundación para la Paz en el Sur de Colombia y la Oficina Social de la Iglesia Católica de Tumaco. El mensaje decía: "ONGS DE NARIÑO. / Defensoras de Narcoterroristas. Q.E.P.D. / NO VAMOS A PERMITIR QUE EL YUGO OPRESOR DE LA GUERRILLA TERRORISTA VUELVA A LA REGION. / LA LIBERTAD CONQUISTADA NO LA PÉRDEREMOS PORQUE EL HONOR DE LA PATRIA SE DEBE DEFENDER Y RESPETAR. / TODOS LOS DE LAS ONGS NARCOTERRORISTAS DE NARIÑO QUEDAN TAMBIEN ADVERTIDOS. / VIVA LA LIBERTAD NO A LAS VIEJAS OPRESIONES TERRORISTAS EN ESTAFETAS DE DERECHOS HUMANOS".

Abril 25, Tallambi, Cumbal: Dos mujeres, Bertha Marín Hernández y Zoraida Serafina Ortiz Gualpaz y una joven, Jhoana Yuliza Muñoz Ortiz, murieron al pisar un campo minado por autores desconocidos. (Uso de armamentos ilegales)

Abril 30, Cuaiquer Integrado La Milagrosa, Ricaurte: Miembros de las FARC-EP asesinaron al indígena Awá Ramiro Patiño y dejaron su cuerpo rodeado por minas antipersonales. (Homicidio, Uso de armamentos ilegales)

Mayo 1, La Esperanza, Cuaiquer Integrado La Milagrosa, Ricaurte: Miembros de las FARC-EP asesinaron al indígena Awá Antonio Mauricio Guanga Pai. (Homicidio)

Noviembre 20, Ricaurte: En una reunión con miembros de ECAP, el Coronel Oscar Robayo, comandante del Batallón José María Cábal de Ipiales, abogó por la concentración de los once resguardos del pueblo Awá de Ricaurte en unos poco puntos al lado de la carretera. Al preguntarle ECAP si esta "concentración" equivaldría un desplazamiento masivo de las tierras ancestrales de los Awá, Robayo no lo negó, pero argumentó que permitiría al ejército limpiar el área de la guerrilla. Robayo no presentó un plan para proteger los derechos del Pueblo Awá, además, dijo que de no desplazarse los Awá, el Ejército Nacional no los apoyaría con ningún proyecto comunitario ni escolar. (Amenaza implícita)

[1] Convención de Génova de 1949 y Protocolo Adicional de 1977.

[2] Tabla elaborada por el Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio. Una de las organizaciones con las que ECAP trabaja estrechamente en el Magdalena Medio.