Foto: Marcos Knoblauch,ECAP
por Pierre Shantz
Durante la mañana del día 17 de enero, un carro bomba explotó en los parques de la Escuela de Cadetes General Santander de la policía en Bogotá, dejando un saldo de 21 muertos – incluyendo el conductor del vehículo – y más de 70 personas heridas. En una declaración enviada el miércoles 21 de enero el ELN, la mayor guerrilla aún activa en Colombia, se adjudicó la responsabilidad y declaró el ataque como un legítimo acto de guerra, dado que fue contra una estación de policía. La comandancia de la guerrilla justificó sus acciones con las ataques que el ejército colombiano llevó adelante en su contra durante diciembre. El ELN había declarado unilateralmente un cese al fuego durante diciembre en un acto de buena fe para adelantar el proceso de negociaciones que podría arribar a un acuerdo permanente.
El ex presidente Juan Manuel Santos había iniciado las negociaciones con el ELN en febrero de 2017, pero las conversaciones han quedado suspendidas desde que el presidente Iván Duque tomó posesión en agosto de 2018. Después del ataque, el presidente ordenó la inmediata reactivación de los pedidos de captura en contra de los comandantes del ELN que están en la mesa de negociaciones en Cuba, y solicitó su extradición inmediata a Colombia. La ONU condenó públicamente el ataque pero alentó al gobierno a continuar con las negociaciones hacia una solución política al fin de la guerra.
Colombia ha vivido en una tensa calma durante los últimos dos años, esperando a ver si la Paz realmente llega a través de los Acuerdos firmados en diciembre de 2016 entre el gobierno y las FARC. Ivan Duque ganó las elecciones el pasado año parcialmente basado en su oposición a los acuerdos firmados por el ex presidente Santos ya que, desde su perspectiva, los Acuerdos son demasiado suaves con los “terroristas”. El carro bomba ha dado gran impulso para que haga lo que siempre quiso desde que se posesionó: terminar las conversaciones con el ELN que comenzaron durante el gobierno previo.
ECAP Colombia rechaza este acto violento de la misma manera que rechazamos todos los actos de violencia que provengan tanto del ELN, que justifica su violencia dentro de las reglas de la guerra, o del gobierno, que justifica su violencia en el nombre de la lucha contra el terrorismo. La pérdida de vidas y el prolongado trauma físico y emocional que estos actos violentos dejan en la sociedad hieren el camino de la paz.
Entre lxs que creen que la Paz se consigue a través de diálogo y Justicia para todxs, muchos temen que el ataque del ELN a la Escuela de Cadetes y la respuesta de Duque para terminar las negociaciones enviará a Colombia a un tiempo de conflicto armado intensificado.
El conflicto social, económico, cultural y armado en Colombia no encontrará una solución sólo en la dejación de las armas de la guerrilla. Existen otros actores ilegales incluyendo paramilitares de extrema derecha que continúan intimidando a la sociedad. Más de 100 lideresas y líderes comunitarios y defensorxs de derechos humanos han sido asesinados desde que el presidente Duque entró en la posición en agosto pasado. Los Acuerdos firmados con las FARC en 2016 han logrado abrir mínimamente la conversación acerca de las causas profundas del conflicto como la distribución de tierras, educación, salud, corrupción, etc. Desafortunadamente, el carro bomba otorgó excusas al presidente Duque y a otrxs que quisieran desviar esa conversación hacia la guerra.
El clima político es tenso pero, a pesar de todos los obstáculos y las diversas opiniones acerca de como alcanzar la Paz, el 21 de enero miles de personas marcharon en todo el país reclamando un fin a la violencia. Tengamos esperanza de que quienes desean continuar con el camino de la guerra escuchen el mensaje.
