Equipos Cristianos de Accion por la Paz acompaña a la Federación de Comunidades Agromineras del sur de Bolívar - Fedeagromisbol- desde el año 2005. Su líder Teofilo Acuña, quien  fue detenido en el 2007 fue recientemente absuelto de toda responsabilidad en la acusación por el delito de rebelión. Una noticia que fortalece, sin duda, el trabajo y compromiso mostrado por este líder y el movimiento social que representa, en la lucha por permanecer en el territorio.

A continuación, encontraran un resumen de un reporte realizado por Fedeagromisbol sobre la situación de derechos humanos en el sur de Bolívar. Haga clic aquí para ver el texto completo.

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La grave situación de derechos humanos de las comunidades agro-mineras del sur de Bolívar, es el resultado de las acciones sistemáticas en su contra, por parte de los diferentes actores armados y económicos que quieren realizar, por la fuerza, grandes proyectos de inversión en la región.

La presencia de la fuerza pública ha incidido en el deterioro de la situación de derechos humanos en la región, varias de sus actuaciones van en contra del respeto a los derechos humanos y del acatamiento al derecho internacional humanitario. El establecimiento de una base militar cerca a nacimientos de agua que surten a las comunidades y, su contaminación, la restricción del transito entre las veredas, el señalamiento a lideres e integrantes de la comunidad como colaboradores de la organizaciones insurgentes, el abuso del alcohol por parte de los soldados, la connivencia de miembros de la fuerza pública con paramilitares de la región (Bacrim) y, paradójicamente el aumento de las acciones delictivas, son algunos de los hechos que preocupan a las comunidades.

Una de las situaciones más graves que se presenta es, el intercambio entre los militares y algunos delincuentes, de armas por marihuana y otros narcóticos. Durante una reunión con la comunidad en San Pedro Frío, el comandante de la base, capitán Quiñones y el sargento Campo, ambos adscritos al batallón Nariño reconocieron la colaboración de la fuerza pública en la descomposición social y moral de la comunidad y el intercambio de drogas por armas. También se denuncio que unidades del batallón Nariño retuvieron, por varias horas, un grupo de niños que estaban en una labor académica de la escuela acusándolos de guerrilleros.

Frente al papel de las multinacionales en la región y su relación con el ejército, el capitán Quiñones ha afirmado que su misión es de inteligencia y de comunicación pero no descarta que detrás esté la multinacional y que ésta información solo la manejan los altos mandos.

Las organizaciones paramilitares y la insurgencia en la región han acordado alianzas económicas entre si, ignorando la voluntad y determinación de organizaciones comunitarias y líderes de la región. Estos grupos ilegales permiten el ingreso de máquinas retroexcavadoras que, de manera ilegal, trabajan la minería a cielo abierto causando un grave daño a las cuencas hidrográficas de la zona y generando un incalculable daño económico a los pequeños mineros de la región. Aunque Fedeagromisbol ha reclamado de las autoridades civiles y mineras acciones para impedir que se siga causando daño con este tipo de labor a cielo abierto, hasta ahora no hay ninguna actividad orientada a detenerla.

Grandes cantidades de dinero, producto del narcotráfico, esta siendo "lavado" en la región, se empiezan a ver en San Pablo y Santa Rosa prósperos negocios salidos "de la nada" con grandes estructuras. Las autoridades civiles como la fuerza pública que son conocedores de este tipo de actividad económica inusual y presuntamente ilegal, no ejercen ningún tipo de control sobre estas.

Las instituciones estatales también son parte activa de esta estrategia de expulsión. Enel caso de las autoridades mineras, la gobernación de Bolívar y su Secretaría de Minas, las presiones contra los pequeños mineros son continuas y cada vez más agresivas. Fedeagromisbol, ha sido acusada por esta secretaria de oponerse al progreso regional. Así mismo, busca dividir las asociaciones mineras cooptando algunos de sus directivos para que acepten negociar con las empresas transnacionales.

La Secretaria de Minas incumplió a las comunidades mineras con el proyecto piloto de minería limpia que nunca recibió los dineros aprobados para su ejecución, pero en el municipio de San Martín de Loba a donde la empresa Anglogold Ashanti esta presente, fueron destinados importantes recursos para un supuesto proyecto de minería limpia

En medio de las presiones jurídicas y armadas por parte de grupos paramilitares al servicio de los interesados en controlar los recursos naturales de la región; han ocurrido amenazas, asesinatos y desplazamientos de líderes que se oponen a entregar sus tierras para la siembra de palma o para venderlas a empresas mineras de explotación a gran escala. Las organizaciones gubernamentales, dilatan procesos de restitución de tierras, como en el caso de las Pavas o no reconocen los títulos de propiedad de las familias campesinas como en las comunidades de Garzal y Nueva Esperanza. Las empresas identificadas que han estado mayormente comprometidas con estas acciones de despojo, apoyadas por las oficinas del gobierno son: en minería de oro la Anglogold Ashanti. En agrocombustibles y palma el grupo Daabon.

Estos hechos solo tienen una explicación: hacen parte de la estrategia de despojo del territorio contra los campesinos, mineros y pobladores en general de una región que se ha opuesto a la explotación irracional de sus recursos naturales y a la lucha histórica de ellos por la defensa de la vida y la permanencia.

Esta grave situación de agresión y despojo ha sido agenciada por las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Llamamos a las organizaciones hermanas a nivel nacional e internacional para que exijan a esas autoridades el respeto de las comunidades y el respeto a los derechos fundamentales de los pobladores del sur de Bolívar.

FEDERACIÓN AGROMINERA DEL SUR DE BOLÍVAR

FEBRERO DE 2011