redECAP
13 Abril 2011
COLOMBIA ACCION URGENTE: A favor de las Comunidades del Grupo de Trabajo Regional por la Defensa de la Tierra
y el Territorio del Departamento de Córdoba, Las Pavas y Garzal en el Sur de Bolivar.
«Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobes del pais.»
Isaías 11:4 Biblia Dios Habla Hoy
Apreciadas hermanas y hermanos.
Que el evangelio pacificador de Jesucristo siga guiando sus vidas por los caminos
de justicia y paz.
Una de las causas de las situaciones de violencia y conflicto armado en Colombia
está relacionada con el despojo de las tierras a campesinos. Como Justapaz y Comisión
de Paz de CEDECOL hemos sido testigos de tres casos emblemáticos que hoy se encuentran
no solo en riesgo de perder completamente sus tierras sino que sus vidas corren
peligro por acciones de grupos armados ilegales que operan en las zonas y buscan
impedir su reivindicación al derecho a vivir en sus tierras y no hay intervención
eficaz de las autoridades competentes.
Queremos presentar a ustedes estos tres casos emblemáticos y solicitar su acción
solidaria así.
1. Caso de las comunidades del Departamento de Córdoba.
Doce comunidades, organizaciones campesinas, indígenas y de mujeres conforman, desde
el año 2010, el Grupo de Trabajo Regional por la Defensa de la Tierra y el Territorio
en el departamento de Córdoba y representan aproximadamente 14.151 familias que
ocupan y habitan cerca de 130.000 hectáreas. Buena parte de estas familias son miembros
de iglesias cristianas evangélicas como la AIEC y la Pentecostal.
El 17 de octubre de 2010 la Defensoría del Pueblo realizó una Audiencia Defensorial
donde informó sobre el agudo despojo de tierras en el departamento ligado al conflicto
armado, narcotráfico y el control territorial de las bandas emergentes. Así mismo
la Defensoría del Pueblo publicó la Resolución Defensorial No. 58 el 28 de diciembre
de 2010, donde hace un llamado al INCODER, al Ministerio del Interior y de Justicia,
la Agencia Presidencial para la Acción Social, a la Administración Departamental,
la Policia Nacional, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), la Procuraduría
General de la Nación, el Ministerio de la Protección Social, y la Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación para responder al despojo de tierras en Córdoba.
En lo ocurrido del 2011 ninguna de estas instancias ha respondido a las recomendaciones
de la Defensoria del Pueblo y por el contrario estas comunidades siguen en una situación
de alto riesgo. En lo corrido del año ya van tres casos de amenazas, desplazamientos
y asesinatos de líderes de este proceso.
2. Caso de las Pavas.
Las Pavas es una comunidad campesina en el sur de Bolívar, Colombia. A través de
años, la violencia paramilitar ha obligado a la comunidad a abandonar la tierra,
y ha intentado regresar a ella sin éxito. En 2006 la comunidad estaba en el proceso
de reivindicación de sus derechos a la tierra bajo la ley colombiana, cuando el
consorcio Daabon compró el terreno del propietario ausente, que había perdido sus
derechos a la tierra debido a años de abandono. El 14 de julio de 2009, la fuerza
pública expulsó por la fuerza a la comunidad. Ha pasado más de un año desde el desalojo
ilegal de las 123 familias (más de 500 personas) de la finca de Las Pavas. A lo
largo de este año, la comunidad ha estado viviendo en una crisis humanitaria sin
seguridad alimentaria y sin tierra.
Este lunes 4 de abril de 2011, en medio de muchas amenazas y falta de garantías
cerca de 100 familias decidieron retornar a su tierra con el acompañamiento de organizaciones
nacionales e internacionales. Esperan que el Gobierno no considere este retorno
como delito y reciba y tramite las exigencias de la comunidad. Estas familias son
miembros de las iglesias Alianza Dios es Amor, Cuadrangular, Pentecostal y Católica.
3. Caso El Garzal.
El corregimiento El Garzal pertenece al municipio de Simití, Sur de Bolívar, en
el cual se encuentran asentadas cerca de 320 familias campesinas pertenecientes
a la Iglesia Cuadrangular y la Iglesia Pentecostal, cuya principal actividad económica
es la producción agropecuaria. El Sr. Manuel Enrique Barreto, conocido como «Don
Pedro», empleaba una parte del territorio para la movilización y acopio de droga,
quien después en la década de los ochenta adquirió el título legal de la tierra.
Posteriormente, el INCODER otorgó los títulos de sus tierras a los campesinos que
habitaban el corregimiento. Sin embargo, el Sr. Barreto regresa a la región al mando
de las estructuras paramilitares y nuevamente inicia un periodo de amenazas contra
la integridad de los campesinos poseedores y de intentos para lograr el desplazamiento
forzado de los habitantes del corregimiento.
En sus informes de riesgo y en la nota de seguimiento durante el 2008, la Defensoría
Regional del Pueblo plantea que existe una alta probabilidad de un desplazamiento
forzado inminente en concurso con otras violaciones a los derechos humanos de la
población del corregimiento. En estos años se han llevado a cabo bombardeos, incautación
de armas, combates y presencia permanente de grupos armados, generando amenazas
constantes y un riesgo permanente a la comunidad por la presencia y actuación de
estos grupos.
El Juez Promiscuo del Circuito de Simití adelantará una Inspección Ocular los días
14 y 15 de abril de 2011 en el corregimiento El Garzal con el fin de medir los linderos.
Esta prueba daría por hecho que los terrenos son de propiedad del Sr. Barreto, sin
embargo estos predios son baldíos, por lo tanto, la resolución de su adjudicación
no le corresponde al juez sino al INCODER.
Pedidos.
1. Compartan esta información con sus organizaciones y congregaciones y oren por
estas familias y comunidades.
2. Les pedimos que se comuniquen con sus congresistas para que le exijan al gobierno
colombiano en el marco de las formulación de Ley de Víctimas y Tierras la reivindicación
de derechos que tienen estas familias y comunidades sobre sus predios.
3. Exigir al gobierno colombiano, a través de cartas a las autoridades colombianas
el cumplimiento de su labor frente a la reivindicación de los derechos de estas
personas como ciudadanos y al mismo tiempo víctimas del conflicto armado. Estas
instancias a su vez, deben proveer las garantías necesarias para el ejercicio de
los derechos y libertades fundamentales especialmente las de expresión, asociación
y goce y disfrute de su tierra de manera digna. (Abajo encontrarán cartas de ejemplo)
4. Finalmente, les pedimos que nos envíen una copia de su carta al correo electrónico
justapaz@justapaz.org
Es importante, hermanos y hermanas, que nos apoyen porque el gobierno colombiano
es sensible y atento a la opinión pública, nacional e internacional, tal vez más
que a cualquier otra cosa. Ayúdennos a salvar la vida, la libertad y el trabajo
de estas hermanas y hermanos en la fe.
Queremos agradecer todos los sentimientos de solidaridad que ya se han expresado,
de parte de organizaciones y personas aquí en el país, como también el de muchas
hermanas y hermanos del exterior que se han unido en oración y en interpelación
ante el gobierno colombiano. Y de antemano agradecemos el apoyo de cada una y cada
uno de ustedes.
Fraternalmente
Dirigir sus cartas a:
Dr. Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
secretaria.privada@presidencia.gov.co
Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá, Colombia –
Telefax: (57 1) 562 9300
Dr. Juan Camilo Restrepo
Ministro de Agricultura
despachoministro@minagricultura.gov.co
Av. Jimenez No. 7-65 Bogotá, Colombia –
Tels: (57) 1-3341199
Dr. Germán Vargas Lleras
Ministro del Interior y Justicia
Carrera 9 No. 14-10, D.C. – Bogotá – Colombia
PBX (+57)(1) 444 31 00
german.vargas@mij.gov.co
Dr. Volmar Perez
Defensor del Pueblo
Calle 55 Nº 10 -32 Bogotá, Colombia –
PBX: [57 1] 3147300
defensoria@defensoria.org.co
asuntosdefensor@defensoria.org.co
nrueda@defensoria.org.co
Dr. Juan Manuel Ospina
Dircetor INCODER
Av. Eldorado CAN Cll 43 No. 57-41 Bogotá, Colombia –
Telefax:(57)1- 3830444 Ext 1124
jmospina@incoder.gov.co
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Carta Ejemplo
Abril de 2011
Señores
MINISTRO DE AGRICULTURA
MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
DEFENSORIA DEL PUEBLO
INCODER
Ciudad
Nos dirigimos a Uds. para presentarles un saludo cordial y manifestarles nuestra
solidaridad y deseo que el Dios de paz los siga acompañando en la búsqueda de una
paz integral como fruto de la justicia social para el pueblo colombiano.
Le dirijo esta carta para manifestar mi profunda preocupación por las amenazas y
los riesgos que están sufriendo las comunidades del Grupo de Trabajo Regional por
la Defensa de la Tierra y el Territorio
del Departamento de Córdoba, y las comunidades de Las Pavas y El Garzal en el Sur
del departamento de Bolívar por el despojo de sus tierras y la falta de garantías
para la recuperación y por ende retorno a ellas.
En el caso del departamento de Córdoba sabemos que la Defensoria del Pueblo emitió
la Resolución Defensorial No. 58 el 28 de diciembre de 2010, donde hace un llamado
al INCODER, al Ministerio del Interior y de Justicia, la Agencia Presidencial para
la Acción Social, a la Administración Departamental, la Policia Nacional, el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Corporación Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), la Procuraduría General de la Nación,
el Ministerio de la Protección Social, y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
para responder al despojo de tierras en Córdoba. En lo corrido del 2011 ninguna
de estas instancias ha respondido a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo
y por el contrario estas comunidades siguen en una situación de alto riesgo. Ya
van tres casos de amenazas, desplazamientos y asesinatos de líderes de este proceso.
Otra situación es la que se presenta en Las Pavas, en el sur de Bolivar, en donde
este lunes 4 de abril de 2011, en medio de muchas amenazas y falta de garantías
cerca de 100 familias decidieron retornar a su tierra con el acompañamiento de
organizaciones nacionales e internacionales. Esperan que el Gobierno no considere
este retorno como delito y reciba y tramite las exigencias de la comunidad. Y finalmente,
en el corregimiento de El Garzal, también en el sur de Bolívar, cerca de 320 familias
participan en un proceso de reivindicación de su derecho a la tierra bajo la ley
colombiana en donde hay pleitos judiciales en el Juzgado Civil del Circuito de
Simití, y se enfrentan a una inspección ocular el próximo 14 de abril de 2011 para
que este juzgado defina los linderos de los predios, favoreciendo a personas vinculadas
a grupos paramilitares que buscan quedarse con los predios. Entendemos que la definición
de estos predios debe hacerla el INCODER y no el Juzgado.
Sabemos que las personas que hacen parte de estas comunidades son personas de bien,
son humildes y trabajadoras, muchas de ellas pertenecen a iglesias cristianas evangélicas
y han luchado por actuar de manera consecuente con sus principios evangélicos y
tener una vida digna. Tememos por su vida, ya que en lo que va corrido del año
2011, muchas de ellas han sufrido amenazas, desplazamientos y asesinatos.
Por estas razones queremos manifestar nuestro apoyo a estas comunidades y a las
organizaciones nacionales e internacionales quienes les acompañan en los procesos
reivindicatorios.
Les pedimos muy comedidamente que:
Audiencia Defensorial y emita la respectiva resolución sobre los casos de Las Pavas
y El Garzal
Cordialmente,
[Su Nombre]
c.c. justapaz@justapaz.org
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